Sabino teme por su vida

La Jueza Judith Rojas, el CICPC siguen conspirando contra la libertad de los líderes indígenas yukpa Sabino, Olegario y Alexander



Sociedad Homo et Natura

Por ignorancia o por mala fe, se suspendió la Audiencia Preliminar pautada para el pasado viernes 15 de enero de 2010. La abogada Yudith Esperanza Rojas, Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario del estado Zulia de un día para otro cambió la Audiencia Preliminar para el Circuito Penal del Estado Zulia con sede en la ciudad de Maracaibo por considerar que no habían condiciones en la Villa del Rosario para llevarse acabo dicha Audiencia.

Al respecto se tiene la duda si esa señora juez no sabía que en esas condiciones era nulo lo discutido y acorado en la sede de Maracaibo, o lo hizo bajo presión de Caracas.

Por otra parte a los señores del Cuerpo de Inteligencias Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Machiques se le olvidó también enviarle a las victimas las citaciones para su asistencia a la Primera Audiencia, o lo hizo bajo orientación también desde Caracas, por órdenes salidas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

Mientras estas tácticas violatorias promovidas por el Gobierno desde el 14 de octubre de 2009 contra la libertad de los dirigentes indígenas y la violación a sus derechos de ser tratados por la ley especial yukpa, y ahora la violación al debido proceso de la justicia ordinaria nos obliga a considerar una vez más que estamos en presencia de un juicio político, para así ocultar el fracaso en el Zulia, del Gobierno en materia indígena y muy en especial en el proceso nefasto de demarcación de sus territorios. Quieren criminalizar a estos dirigentes por llevar la vanguardia de este cuestionamiento para montar la matriz de opinión que son sectores violentos vinculados al narcotráfico cuando en verdad este hecho violento ocurrido el martes 13 de Octubre de 2009 en la comunidad Guamo Pamocha inducido y montado desde los ministerios de Caracas.

Sabino Romero Izarra aprovechó la oportunidad de estar frente a la Jueza Rojas y tres de los Fiscales acusadores y sus abogados defensores Leonel Galindo y Ricardo Colmenares para denunciar con nombre y apellidos a los militares de Fuerte Macoa comandado por el General Mateo Rafael Adames Weiland donde esta recluido en condiciones violatorias todos los derechos humanos, explicándole que existe un plan para asesinarlo a través de un simulacro de fuga, le exigen una cantidad de dinero para dejarlo ir, pero detrás de la propuesta está la mala intención de matarlo, entre los nombres aparece el del Capitán Chirino, así mismo denuncia Sabino que desde que está allí encerrado no ha podido respirar nuevamente aire puro y ver el sol, ni tomar agua potable; que el régimen de visita la impuso el General Adames Weiland y no la Jueza, que este General sólo le permite la visita de su esposa e hijos, más no de otro familiares y amigos, pero que hace dos viernes fue visitado por una mujer de acento colombiano que el no conocía ofreciéndole dinero, por tal razón teme que se esté tramando su muerte por parte de estos militares.

El símbolo que representa la justicia debe tener un ojo vendado y otro abierto y en sus manos debe sostener sólo la espada

Sociedad Homo et Natura

Es bestial el agavillamiento del Estado gobierno contra los líderes indígenas yukpa presos Sabino, Olegario, Alexander e Israel (menor de edad) por defender el derecho a poseer un territorio como pueblo indígena.

Dolor producido por el Estado gobierno

Desde que se inició el proceso de demarcación de tierra en el 2004 por parte del Estado gobierno a los pueblos indígenas yukpa y barí han transcurrido casi seis años acción gubernamental de interrogatorios, torturas, enfrentamientos con el sicariato/ganadero, Guardia Nacional, Ejército, infundadas acusaciones, criminalizaciones a sus líderes insobornables, exclusiones sectoriales, divisiones, compra de conciencia a caciques, manipulación con bolsas de comidas, consejos comunales, camiones, inadecuadas e etnocidas viviendas, créditos a dedos, vías de comunicación y mucho show mediático...

Estas acciones gubernamentales fueron el antecedente que acompañó el enfrentamiento (inducido por este sector del Gobierno) entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha de la cuenca del río Yaza, sector más unido y combativo en la lucha y recuperación de su territorio ancestral en manos de los ganaderos ocupado con la anuencia y financiamiento del Estado y de todos los Gobiernos de turno.

Desde el 2004, diez ministerios coordinados por la Ministra del Ambiente, pero en la práctica por los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia, de la Defensa e Indígena, hicieron hasta lo imposible para dejar a los pueblos yukpa y barí sin territorio. Sus derechos territoriales, en el caso del pueblo yukpa, expresado físicamente en la autodemarcación de su territorio propuesta que fue entregada al Estado gobierno y negado a través de la imposición de la contrapropuesta gubernamental donde pierde el pueblo yukpa una enorme franja de su territorio oeste límite con la república de Colombia apetecida por el estamento militar y la otra franja al este su territorio está invadido por hacendados y parceleros campesinos apoyados por el Gobierno.

Algunas de las acciones insólitas

Esta lucha de los indígenas de la Sierra de Perijá por sus territorios ancestrales, en esta etapa del 2004-2009 está marcada por acciones insólitas ejecutadas por el Gobierno contra de la dignidad, unidad e integración del pueblo yukpa, como es el caso de la construcción de la compra de conciencia y el quiebre de caciques para defender intereses del Gobierno a expensas de los intereses de sus comunidades, o la pretendida construcción de dos Bases Militares en las comunidades Tukuko y Toromo, o el Centro Chamánico de Toromo (donde no hay Chamanes) inconcluso pero registrado administrativamente como terminado e inaugurado, o el fracaso del mil millonario Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa, que coordina o coordinó el Ministerio de Relaciones y Justicia, y paren de contar.

Cinco hechos que han marcado la vida del pueblo yukpa

Existen cinco hechos extraordinarios de la actual política del Estado gobierno contra el pueblo o nación Yukpa. Después de los muertos en Kasmera por parte del Ejército durante el Gobierno de Caldera y ahora el inducido en el Gobierno de Chávez además de la detención de los cuatro indígenas y la negativa de poder ser juzgados por el derecho especial indígena del pueblo yukpa, que desenmascaran el carácter fascista de este sector del Gobierno.

El primer hecho extraordinario está vinculado directamente con la Fiscalía a cargo del abogado acusador Víctor Raúl Valbuena, quien aspira hoy al cargo de Fiscal Superior del Zulia, y su Auxiliar Abigail José Rodríguez Jiménez que están relacionado al caso engavetado de la muerte del anciano José Manuel Romero, padre de Sabino; pero desempolvado cuando el Ministro de Relaciones y Justicia se vio obligado a manifestar públicamente que la muerte del anciano papá de Sabino no quedará impune, sin embargo, no hay acusados y se volvió a guardar el expediente.

El pueblo yukpa manifiesta que el padre de Sabino murió cuando el presunto propietario de la hacienda Kusaré de apellido Vargas (donde hoy se asienta el pueblo Guamo Pamocha) acompañado con hombres armados irrumpieron en la comunidad vecina Chaktapa (anterior hacienda Tizina de un tío del señor Vargas) y golpearon al anciano, muriendo a los pocos días. Nada hizo la Fiscalía Cuadragésima del Ministerio Público con sede en Maracaibo. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era un rico.

Lo más triste de esta historia es que el abogado Valbuena hace unos días atrás era Fiscal Indígena, en los tiempos de la Dra. Josefa María Camargo. Patético Fiscal y mal ejemplo para su aprendiz Rodríguez Jiménez, que ahora está entrampado en un juicio político dirigido desde Caracas contra Sabino y Olegario, y estos otros dos indígenas, a los que hay que darle un castigo ejemplar, para que no sigan ocupando hacienda y rechazando la propuesta gubernamental de demarcación.

El otro suceso extraordinario vinculado al Estado gobierno, en este caso a la Guardia Nacional y el Ejército, así como a la Fiscalía Cuadragésima Primera, es la violación a los Derechos Humanos a un grupo de familias yukpa lideradas por Sabino y familias de Olegario y a 44 ecologistas, luchadores sociales y trabajadores de emisoras y televisoras comunitarias que el día 22 de agosto de 2008 cuando pretendían llevar medicinas y comida a las familias afectadas de las comunidades que recientemente ocupaban las haciendas Tizina y Kusare.

En este suceso participaron los tenientes Ramírez, Bastidas y Chirinos, este último acusado por Sabino Romero Izarra el día 15 de enero de 2010 (antes de ser suspendida la Audiencia Preliminar) en presencia de la Jueza, los Fiscales y los abogados defensores de quererlo matar a través de un simulacro de fuga.

La situación violenta vinculada a la tenencia de la tierra fue cuestionada por el propio Presidente Chávez en el Aló Presidente del domingo 24 de agosto de 2009.

Para detener el acceso (por orden del General Izquierdo Torres) a las comunidades en lucha, guardias nacionales y efectivos de ejército, ese día golpearon con armas largas e detonaron más de 300 balas con armas de guerra casi rozando los cuerpos de los presentes; este caso permanece también engavetado en la Fiscalía Cuadragésima Primera. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era unos de los factores del poder más importante en esta revolución. Este es el tercer hecho extraordinario.

El cuarto suceso extraordinario de la política del Estado gobierno en materia fronteriza e indígena en la Sierra de Perijá está en el hecho en que supuestamente la Jueza Nelly Mestre, a mediados del año 2009 fue sustituida de su cargo por la hoy Jueza Yudith Esperanza Roja, porque en un caso de delito indígena declinó a favor del derecho consuetudinario Wayuu. La justicia abrió el otro ojo a favor del pobre, pero de inmediato se lo taparon.

Con que cara viene ahora el Gobierno o la Fiscalía Cuadragésima a acusar a Sabino, o al resto de los indígenas presos en el “Guantánamo” Fuerte Macoa, o la Fiscalía Vigésima de Machiques que desde que fue creada ni siquiera aceptan las denuncia formuladas por los indígenas, cuando sus derechos son violados por los ricos hacendados o por el Estado gobierno opresor. Cuantas veces nos hemos vistos obligados a acudir al Fiscal General de la República, en Caracas, o al Fiscal Superior en Maracaibo para obligar que esta Fiscalía de Machiques acepte y canalice las distintas denuncias que los indígenas formulan. La justicia uso la espada porque al abrir el ojo destapado supo que eran pobres.

El quinto, y último suceso extraordinario de la política en la Sierra de Perijá del mal gobierno, está expresada en la detención e interrogatorio del 5 de agosto de 2008 por parte de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), con sede en el Fuerte Macoa, que sufrió el archiconocido dirigente nacional socialista Santiago Arconada cuando era Vicepresidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) adscrito al Ministerio del Ambiente.

Este hecho tiene como marco las relaciones de trabajo que mantiene con dirigentes y comunidades yukpa, donde le tocaba desarrollar su trabajo en Perijá y con las ONG ecologistas como lo es Sociedad Homo et Natura; así como su participación el día 13 de julio del mismo año en una concentración convocada por toda la dirigencia yukpa en la sede del Instituto Nacional de Tierra (INTI) de Machiques. De las diez preguntas formuladas dos de ellas estaban dirigidas en saber su relación con los ciudadanos Lusbi Portillo (4ta. pregunta) y Sabino Romero Izarra (5ta. pregunta). Firman el “Acta de la Entrevista” José S. Villegas Marrero, Tcnel. (EJNB.) de la Oficina de Inteligencia de la 12 Brigada y Jehovell Acevedo, Stte. (EJNB.) Asesor Jurídico.

No al pensamiento único

El Ministro de Relaciones Interiores y Justicia y el Vicepresidente Ejecutivo deben entender que no existen pruebas suficientes desde la visión del derecho ordinario para condenar a estos indígenas presos y que lo más recomendable sería que este caso sea transferido y tratado por el derecho especial indígena, al mismo tiempo se solicita que acepte la autodemarcación indígena para evitar más conflictos. Déjense ayudar señores del Gobierno. La verdad está en el Pueblo Soberano.

JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS LÍDERES YUKPA

15 de enero 2010 Audiencia Preliminar

Sociedad Homo et Natura

Este juicio contra tres líderes yukpa se realizará en la Villa del Rosario, estado Zulia, Venezuela, pero perfectamente podría ejecutarse contra cualquier líder de cualquier otro pueblo indígena de este país o de algún otro país de América. No obstante, por el tema a dilucidar, dadas sus implicaciones políticas, tiene un carácter e importancia universal para el devenir histórico de los pueblos en lucha por la democracia y la justicia, así como para el interés las ciencias sociales.

Este juicio muestra una arista más del profundo deterioro político y ético que hoy vive el Gobierno Nacional y con ello la cosa pública, señala además la tendencia de las alianzas de clase que hoy profundizan factores de poder en la reconstrucción del estado burgués venezolano. Se trata, a la luz del nuevo derecho internacional indígena y la constitución de 1999, de llevar a la práctica el carácter de la inclusión democrática y del tipo de ciudadanía que se les dará a los indígenas en la reconstrucción de este estado nacional concreto.

El castigo ejemplar que pretende infligir el Gobierno Venezolano al pueblo yukpa o a los pueblos indígenas de Venezuela en la humanidad de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero Romero y Alexander Fernández Fernández deja muy claro su tendencia de clase, su carácter racista y el vacío de su discurso.

En este juicio quedará claro que el gobierno revolucionario no reconocerá los derechos territoriales y el aprovechamiento de sus recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, sino el otorgamiento de grandes parcelas sometidas a los planes de desarrollo nacional; no se reconocerá el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, ni sus autonomías, ni el autogobierno, ni mucho menos el reconocimiento y la aplicación de los derechos indígenas para los indígenas. Es decir, el gobierno revolucionario no aceptará la construcción del Estado Venezolano Plurinacional y Multicultural, se afianza en la permanencia del estado nación burgués excluyente.

Este juicio es el resultado directo del fracaso del Gobierno a través de diez ministerios y otras tantas instituciones en la implementación de su política fronteriza e indígenas a desarrollar en la Sierra de Perijá.

Cuatro puntos de su estrategia político étnico militar se les cayó, a saber: a) el Plan coordinado por el Ministerio del Ambiente de Demarcación de los territorios de los pueblos Yukpa y Barí y de su contrapropuesta de demarcación, b) el Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa, coordinado por el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y en la pretendida construcción de la base militar en la comunidad yukpa Tukuko en manos del Ministerio de la Defensa, c) el control y sometimiento del pueblo o nación Yukpa a partir de la creación de los Concejos Comunales y en la conversión de los principales caciques en activistas políticos del PSUV y empleados públicos coordinado por el Ministerio para los Asuntos Indígenas y d) la alianza con poderosos sectores ganaderos de Machiques y parceleros wayuu invasores del territorio Yukpa y Barí agrupados en denominado Frente Campesino Revolucionario por la Defensa del Pequeño y Mediano Productor.

Frente a este público y bochornoso fracaso, a los operadores políticos ministeriales no les quedó otra opción que aislar, criminalizar y enfrentar a los principales líderes de la resistencia, y llevarlos a juicios; el primero se inicia este viernes 15 de enero de 2010 en la Villa del Rosario.

Los sietes Fiscales del Ministerio Público encabezados por el abogado Víctor Valbuena son uno de las factores del Estado burgués venezolano encargados de ejecutar una de las etapas finales de la estrategia política gubernamental en defensa de los intereses ganaderos, mineros, de infraestructura y militares en el juego planteado por esta nueva geometría del poder creada por los organismos multilaterales y las empresas multinacionales impulsadores de la IIRSA.


Los pueblos indígenas, los campesinos y los pescadores de América del Sur son un estorbo para los planes de desarrollo de la IIRSA, tal como en América Central y México son para el Plan Puebla Panamá. La lucha indígena en Venezuela se profundiza para unirse a la lucha continental de los pueblos indígenas contra el pensamiento único, la exclusión y las políticas neoliberales de sus Gobiernos nacionales y por la defensa de sus derechos tendientes a la construcción de Estados Plurinacionales y Multiculturales.


Liberad ya para Sabino, Olegario y Alexander.